Crecimiento sin precedentes de cooperativas, que ha dado nueva forma a las actividades económicas de cientos de miles de venezolanos.
La constitución de 1999 exige que el Estado “promueva y proteja” las cooperativas. No obstante, sólo tras la aprobación de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, en 2001, el número de éstas se disparó. Cuando Chávez llegó al poder en 1998 había 762 cooperativas legalmente registrada, compuestas de unos 20.000 asociados. En 2001 había casi 1.000 cooperativas; en 2002, 2.000; y en 2003, 8000. A mediados de 2006, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) informa que el número de cooperativas registradas es de 108.000 y el de miembros asociados, 1.500.000. Desde 2003, el MINEP ha facilitado formación empresarial y de autogestión gratuitamente, ha ayudado a los trabajadores a convertir empresas con problemas en cooperativas, y ha ampliado los créditos iniciales a las impresas y los destinados a la adquisición de éstas por los propios empleados. El movimiento resultante ha venido cada vez más a definir la “Revolución Bolivariana”, término que utiliza Chávez para su remodelación de las estructuras económicas y políticas de Venezuela.
el MINEP ha apoyado a los trabajadores a hacerse con el control de algunas grandes empresas que amenazaban bancarrota. Si una instalación industrial no utilizada se considera de “utilidad pública”, el comienzo de los procedimientos de expropiación lleva con frecuencia a la negociación de la compensación correspondiente con los propietarios. En uno de estos casos, los propietarios de una planta de procesamiento de tomates propiedad de Heinz, en Monagas, ofrecieron la venta al Gobierno por 600.000 dólares. Tras una negociación en la que se tuvieron en cuenta los salarios y los impuestos atrasados, además de una hipoteca pendiente, ambas partes alcanzaron un acuerdo amistoso de venta a los trabajadores por 260.000 dólares, con préstamos preferentes proporcionados por el Gobierno. En otro ejemplo, mucho más polémico, unos trabajadores desplazados ocuparon una planta de refinado de azúcar, en Cumanacoa, y la volvieron a poner en funcionamiento. Entonces, el Gobierno federal expropió la propiedad y la entregó a la cooperativa de los trabajadores de la planta. Se respetaron los derechos de propiedad, gracias a los préstamos del Gobierno a los trabajadores, si bien el precio pagado fue bastante inferior al pedido por los propietarios. Estas empresas expropiadas son gestionadas a menudo por representantes elegidos por los trabajadores, junto a personas designadas por el Gobierno.
Sin embargo, hay condiciones. “No hemos expropiado Cumanacoa y Sideroca en favor de los trabajadores sólo para que éstos se vuelvan ricos de la noche a la mañana”, afirmó Hugo Chávez. “No lo hemos hecho solamente para ellos, se trata de distribuir la riqueza entre todos.” Tomemos el caso de Cacao Sucre, otro ingenio azucarero cerrado desde hace ocho años por sus propietarios privados, que dejaron a 120 trabajadores desempleados en una población de pobreza visible. El gobernador del Estado hizo una llamada a los trabajadores para que formasen una cooperativa. Tras recibir formación en materia de autogestión, la cooperativa azucarera integró a los 3.665 cultivadores de caña. En julio de 2005, esta gran cooperativa se convirtió en la primera “Empresa de Producción Social”. Esta nueva designación indica que la cooperativa está obligada a dedicar una parte de sus beneficios a la financiación de servicios de salud, educación y vivienda destinados a la población local, y a abrir sus comedores a toda la comunidad.
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